[OANNES Foro] OLOR A PESCADO

[Marcos Kisner Bueno]

Lo que no discutible es la veracidad del congelamiento de los derechos de pesca, expresados claramente en la Primera Disposición Final del DL 1084. 
 
Técnicamente no encuentro razón alguna para incorporar este congelamiento en un dispositivo legal destinado a establecer un sistema de cuotas.
 
Es y era obvio que las utilidades de las empresas más favorecidas iban a aumentar con este sistema, por lo cual deberían aportar al propietario del recurso natural anchoveta una contribución adecuada y no congelarse en una cifra que ya era injusta e inapropiada para los interes de la Nación. 
Las inversiones necesarias en infraestructura, investigación, desarrollo y capacitación requieren de una fuente de financiamiento más apropiada a las necesidades sectoriales.
 
Las únicas fuentes de financiamiento están constituidas por el impuesto a la renta de tercera categoría y los derechos de pesca. La industria exportadora no paga IGV, por tanto ¿cuál fue la razón de este congelamiento?
 
PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL
Durante el período de vigencia del aporte social obligatorio se mantendrá sin alteración el monto y la forma de cálculo de los Derechos de Pesca por concepto de extracción de los recursos hidrobiológicos destinados al Consumo Humano Indirecto aprobados mediante el Decreto Supremo Nº 024-2006-PRODUCE.
 
Maroos Kisner


--- El dom, 7/24/11, info en modelandoperu.com <info en modelandoperu.com> escribió:


De: info en modelandoperu.com <info en modelandoperu.com>
Asunto: [OANNES Foro] OLOR A PESCADO
A: "Foro Hispano Americano de Intercambio de Informacion sobre Temas de Mar" <oannes en lista.oannes.org.pe>
Fecha: domingo, 24 de julio de 2011, 01:15 pm


*Lista Oannes, fundada el 11 de Octubre de 1996*

OANNES "SEÑOR DE LAS OLAS"
Foro Hispano Americano de Intercambio
de Información sobre Temas de Mar.


Interesante historia no contada que habría que investigar que tan cierta es. Lo que está claro es que la carrera olímpica en algún momento tenía que pasar a un esquema de cuotas, para reducir la presión sobre el recurso.

Debemos ser claros en mencionar que de ser cierta la historia no contada, sería un escándalo. Por otro lado, sería indispensable conocer las otras propuestas alternativas que se presentaron previo a implementar la norma, para hacer juicio de valor.

A fines del 2008 asistimos a una exposición en la UPCH, previo a la aprobación de la Ley de cuotas, donde los pescadores artesanales amenazaban irse a la huelga, pero la ministra Conterno emplazó a todos los que no estaban de acuerdo con el esquema planteado, para que le presenten argumentos que sustenten sus propuestas. En esa oportunidad escuchamos opiniones de diferentes pescadores artesanales, pero expresaron opiniones poco elaboradas, el único que sustentó argumentos fue un pequeño industrial de apellido Quiroz, a quien la ministra lo escuchó atentamente y lo citó en su despacho para discutir su propuesta.

Independientemente de la veracidad de la historia no contada, estamos convencidos que de haberse implementado adecuadamente el reglamento de la Ley 1084 otros serían los resultados de la pesca en el Perú. En lo que si estamos de acuerdo con la Ley, es en el objeto de la ley, que aparece en su reglamento y que a continuación transcribo, pero como repito no se implementó adecuadamente para su cumplimiento. Cabe señalar que nosotros le dijimos a la Ministra que ese era el punto de apalancamiento de la Ley, y aparentemente ella lo entendió así, lamentablemente a los pocos meses fue cambiada.

“Artículo 4: El mecanismo de ordenamiento pesquero aplicable a la extracción de los recursos, denominado “límites máximos de captura por embarcación” (LMCE), tiene por objeto mejorar las condiciones, para la modernización y eficiencia de la actividad pesquera; promover su desarrollo sostenible como fuente de alimentación, empleo e ingresos; y asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, en armonía con la preservación del medioambiente y la conservación de la biodiversidad”. Ver reglamento completo en http://www.modelandoperu.com/foro/viewtopic.php?t=1457&highlight=reglamento+cuotas

Atentamente

Luis Alfaro Garfias

> 
> 
> La historia no contada sobre cómo el ex ministro de la Producción y
> reciente candidato fujimorista, Rafael Rey, utilizó consultores y un
> informe, pagados por los más grandes empresarios pesqueros, para
> elaborar la norma más importante del lucrativo sector. Adivinen
> quiénes aumentaron sus ganancias.              En el mar peruano, la especie
> más depredada del mundo, la anchoveta, sigue alimentando fortunas de
> fábula. Solo el 1% de la cuota anual de pesca de anchoveta en el país
> está valorizada en 100 millones de dólares; es decir, una cuota de 10
> mil millones de dólares.         Por eso, en años recientes, el mar se
> congestionó con más de 1,200 embarcaciones para capturar la mayor
> cantidad de anchoveta en las entonces breves temporadas de pesca. Era
> una anarquía flotante que exigía una regulación imparcial del Estado.
>     Pero, la norma que reformó el sector tuvo un problema: los
> interesados más poderosos fueron quienes pagaron el estudio que
> fundamentó la ley. Además, los consultores de los pesqueros terminaron
> actuando como asesores del entonces ministro de la Producción, Rafael
> Rey. ¿Cómo fue el acuerdo? ¿Quiénes pagaron? Aquí la historia.         En
> abril de 2007 se inició otra temporada de pesca en Chimbote. Para los
> empresarios más importantes del sector, el olor a pescado podrido era
> mejor que el aroma de las rosas. A la vez, fue el año en que esos
> empresarios pusieron en marcha un plan para proteger su negocio,
> regulando el altamente rentable sector.         El precio de la harina de
> anchoveta había aumentado a mil dólares por tonelada. Poco tiempo
> después, llegó a los mil 500 dólares la tonelada.         En ese escenario,
> en 2007, el Ministerio de la Producción empezó a discutir primero con
> los  empresarios el cambio del sistema de pesca mediante la asignación
> de una cuota fija a cada nave autorizada, una propuesta que en los 90
> comenzó a debatirse por primera vez en el país, pero sin resultados.
>     Esta vez las compañías pesqueras contrataron a la conocida empresa
> Apoyo Consultoría para que hiciera un informe técnico, que estableció
> el nuevo régimen y que quedaría plasmado en el decreto legislativo
> 1084.         IDL-Reporteros tuvo acceso a fuentes del sector empresarial y
> del Ministerio que confirmaron que los consultores de Apoyo actuaron,
> en momentos claves de la elaboración y defensa del decreto, como
> asesores del entonces titular del sector, Rafael Rey.         Las compañías
> que pagaron a Apoyo concentran más  del 60% de los derechos de pesca,
> y en los hechos dirigieron la elaboración de una ley que iba a regir
> la repartición de cuotas millonarias de pesca por una década. Rey
> aceptó esa posición de privilegio de las compañías, pese a que la
> situación exigía una extrema imparcialidad del Estado.           Los
> financistas    Personas vinculadas al sector empresarial confirmaron que
> fueron “las cinco o seis pesqueras más importantes del sector”, que
> hicieron una bolsa común para financiar el estudio de Apoyo. Estas
> son: Tecnología de Alimentos S.A (Tasa), Corporación Pesquera Inca
> (Copeinca), Austral Group, Diamante, Hayduk y Exalmar.     “A él (Rey) se
> le comunica de nuestra labor poco tiempo después de que nos convocan
> los empresarios, en el verano de 2007”, confirmó Gianfranco
> Castagnola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría, a IDL-R, tras
> ratificar que, en efecto, fueron las cinco o seis empresas más sólidas
> del sector.         El economista, quien además de líder de Apoyo es miembro
> del directorio de Austral, una de las empresas favorecidas con la
> norma, aseguró que para los empresarios era muy importante que Rey
> aceptara la contratación de Apoyo para seguir adelante. Él era el jefe
> político.         Rey admitió en entrevista telefónica con IDL-R que se
> reunió con Apoyo desde los inicios de la elaboración del estudio, pero
> además señaló que fue él quien convocó a Castagnola y su equipo para
> darles “el encargo” de hacer el informe y que recién luego ellos
> buscaron el financiamiento con los empresarios. Extraña manera de
> conseguir asesoramiento por parte del ministro.     “Dijeron que
> conseguirían la forma de cubrir los gastos y lo pagaron los
> empresarios. Yo no quise enterarme de quién pagaba, justamente para no
> atarme de manos”, aseguró Rey tras aceptar que conversó con los
> gerentes de las empresas que financiaron el estudio, pero que evitó
> saber sus nombres. ¿Es posible que un ministro se reúna con los
> representantes de las compañías más importantes del sector sin saber
> cómo se llaman?         Entre diciembre de 2007 y enero de 2008, Apoyo
> presentó a Rey la primera versión del estudio y, según Castagnola,
> poco tiempo después el ministro le pidió que lo acompañara a sustentar
> el proyecto en reuniones con los sindicatos y otros actores que debían
> opinar sobre la norma. En suma, les proponía actuar como asesores del
> despacho ministerial, pagados por el sector privado con mayor interés
> en el tema.          La comitiva    El 1 de julio de 2008, Rey asistió a la
> Comisión de Producción del Congreso para defender la norma que ya
> había sido aprobada y desafió a todos, asegurando que no le interesaba
> saber quiénes habían financiado el estudio de Apoyo. Estaba acompañado
> de una comitiva integrada por funcionarios del Ministerio, los
> ejecutivos de Apoyo, Castagnola y Hugo Santa María, y el abogado
> Aurelio Loret de Mola, ex ministro de Defensa, quien se sentó a su
> lado para defender la constitucionalidad del decreto.         ¿Quién pagaba
> los servicios de Loret de Mola? En el presupuesto de 2007 y 2008 del
> Ministerio de la Producción no aparece ninguna contratación de sus
> servicios, tampoco la de Apoyo. El secretario general de entonces,
> Marcelo Cedamanos, confirmó esto a IDL-R.         En realidad, Loret de Mola
> había sido contratado por la Sociedad Nacional de Pesquería. Aseguró
> que acudió al Congreso flanqueando al Ministro porque él se lo pidió y
> que solo participó en el tema después de la aprobación de la norma.
>     Pero, fuentes que presenciaron la elaboración de la norma, aseguraron
> a IDL-R que Loret de Mola acudió al Ministerio de la Producción por lo
> menos en cuatro oportunidades, acompañando al equipo de Apoyo, antes
> de la promulgación del decreto.     “Lo asumimos como un tema personal y
> dijimos: esto es tan importante para el sector que hay que sacarlo
> adelante. Fue un pedido de Rey no pagado por el Ministerio de la
> Producción (…) La relación contractual siempre fue con este grupo de
> empresas”, dijo Castagnola (el énfasis es de IDL-R).         El economista
> agregó que Apoyo fue consecuente porque desde los 90 defendió el
> sistema de cuotas y que es una “práctica usual que los gremios
> privados presenten propuestas” a los gobiernos.         En la misma línea,
> Rey consideró que le había hecho un favor al país en no gastar
> recursos del Estado para la elaboración del estudio y que si su
> ministerio hubiera tenido dinero, hubiera contratado a Apoyo aun a
> sabiendas de que Castagnola es directivo de la cuarta empresa pesquera
> más importante del sector.         ¿Pero es ético que un ministro se guíe
> por el asesoramiento de un grupo interesado, así luego dialogue con
> los sectores opositores, como lo hizo Rey? La ley del código de ética
> de la función pública sanciona a los funcionarios que defiendan
> intereses de terceros, pero lamentablemente el castigo no alcanza a
> los ministros. “Esa fue una grave dificultad que tuvimos que enfrentar
> en la Contraloría para investigar la corrupción”, dijo a IDL-R el ex
> contralor Genaro Matute.               Hecha la ley, hecha la plata    Es tan
> cierto que se necesitaba regular el sector pesquero como que las
> empresas que financiaron el informe de Apoyo incrementaron sus
> ganancias. Hay compañías que casi triplicaron sus utilidades netas
> luego del decreto, como  Exalmar, que de 6 millones 346 mil dólares en
> 2009 incrementó sus ganancias a 17 millones 418 mil dólares en 2010,
> según su estado financiero reportado a la Comisión Nacional
> Supervisora de Empresas y Valores.         El escenario también fue
> favorable para Austral, que de 16 millones 623 mil dólares en 2008
> pasó a registrar utilidades netas de 27 millones 840 mil dólares al
> año siguiente. (Montos estimados con tipo de cambio de S/. 2.75 por
> dólar).         Además del apetecible precio internacional de la harina y el
> aceite de anchoveta, las utilidades crecieron por el ahorro de costos
> operativos en la reducción de la flota y el poder que adquirieron los
> dueños de los barcos que mantuvieron su cuota histórica y subieron el
> precio de la materia prima al tener un porcentaje seguro de pesca.
> Así, la tonelada de anchoveta pasó a costar de 100 dólares a 300
> dólares, en algunas temporadas.         El decreto consolidó el poder
> económico de las empresas, que ahora podían asociarse para compartir,
> si querían, toda su cuota asignada. Pero además, varios de los
> financistas del informe de Apoyo se prepararon para la reforma e
> iniciaron una ola de fusiones y compras entre empresas para tener el
> mayor número de plantas y derechos de pesca.         Tasa, por ejemplo,
> compró 22 embarcaciones en 2008 en plena negociación del decreto y al
> año siguiente otras 35, según un reporte oficial al que tuvo acceso
> IDL-R. Copeinca logró transferir a su nombre 39 naves adicionales en
> 2009, Exalmar compró 11 en 2008 y al poco tiempo otras 35. CFG
> Investment logró adquirir, en 2008, 15 embarcaciones, y otras 14 al
> año siguiente.          “Las cuotas son lo mejor para ordenar el sector,
> cuidar su sostenibilidad, proteger el medio ambiente, generar mejores
> eficiencias y por lo tanto rentabilidad para los inversionistas y los
> trabajadores”, señaló Samuel Dyer Ampudia, director de Copeinca, quien
> está convencido de que hoy el Estado “recibe como nunca en la historia
> de la pesca grandes sumas por impuesto a la renta”.     Los dueños de las
> “vikingas” o embarcaciones de madera, que inicialmente se opusieron al
> decreto, también ganaron. Pero los dueños de plantas medianas y
> pequeñas que no tenían embarcaciones se convirtieron en los
> perdedores.         La inversión en el informe de Apoyo formaba parte del
> plan financiero de las pesqueras. Y Rafael Rey, condecorado en
> diciembre último por la Sociedad Nacional de Pesquería, resultó ser un
> gran aliado. ¿Este evidente conflicto de interés sirvió para proteger
> de la depredación a la anchoveta, fiscalizar mejor el sector y mejorar
> la situación de los pescadores?    MILAGROS  SALAZAR    IDL-Reporteros
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