[OANNES Foro] Poderosas fuerzas persiguen la industrialización y la privatización de los recursos pesqueros mundiales. Samudra

[toribio mamani machaca]

http://www.icsf.net/icsf2006/uploads/publications/samudra/pdf/spanish/issue_23/art04.pdf 

 
 
Derechos de pesca de propiedad comunal
¿Para quién son los recursos costeros?
Ahora, cuando poderosas fuerzas persiguen la industrialización y la privatización de
los recursos pesqueros mundiales, ha llegado la hora de contrarrestar las acciones
encaminadas a desposeer a los pueblos costeros.
Desde los principios de la civilización,
los pescadores de las comunidades
costeras han reivindicado los
recursos ribereños adyacentes. Los derechos
que creen poseer sobre los contingentes
pesqueros locales derivan de la sostenibilidad
del uso que han hecho de ellos. Su importancia
ha ido aumentado paralelamente a la
intensificación de la dependencia económica
de la población costera de sus recursos. Sin
embargo, la necesidad de una vigorosa defensa
colectiva de la propiedad común de estos
recursos es cada vez más patente, ya que de lo
contrario las comunidades costeras pueden
verse privadas de sus prerrogativas de acceso
prioritario a los recursos pesqueros
adyacentes.
Desde siempre, los recursos pesqueros
cercanos a la costa han constituido el marco de
la actividad pesquera de los pescadores a
pequeña escala de las poblaciones
circundantes. Sus derechos tradicionales a
estos contingentes se ven ahora amenazados
por dos factores my significativos. El primero
radica en el poder y la ambición imparables de
las compañías industriales del sector pesquero.
Gracias su rápido acceso a la tecnología y al
financiamiento necesarios para la pesca a gran
escala, estas empresas lograron controlar las
operaciones pesqueras lejanas a la costa y a
gran altura. Ahora, en la búsqueda de una
mayor presencia en el mercado y de un
suministro estable de materias primas,
intentan acceder directamente a las pesquerías
costeras, ricas en recursos.
El segundo factor consiste en la tendencia
actual de conferir a los derechos de acceso a los
recursos costeros un estatus jurídico
compatible con las nociones occidentales de
propiedad privada corporativa e individual.
Este fenómeno se traduce en tentativas cada
vez más numerosas de “privatizar” las
pesquerías que persiguen la comercialización
de los derechos de propiedad mediante
participaciones transferibles de la captura total
de pescado. Estos derechos se denominan
“Cuotas Individuales Transferibles”(en inglés
ITQs). Uno de los objetivos subyacentes de los
promotores de las ITQs es asegurar que las
fuerzas del mercado tengan un papel decisivo
en la estructuración del acceso a las pesquerías.
En efecto, estos sistemas no impiden la
transferibilidad de las cuotas ni su
acumulación a precios incontrolados.
Como consecuencia del elevado valor
monetario de los derechos de acceso, fuertes
compañías e inversores han tenido el camino
libre para pujar los precios de las cuotas y
comprar los derechos de acceso a grandes
cuotas del total de la captura, bien mediante la
adquisición directa de cuotas, o bien mediante
su control a través de la concesión de
préstamos a operadores individuales.
La complejidad y los altos costes de los
sistemas de gestión por ITQs han hecho que su
aplicación en las pesquerías costeras de la
mayoría de los países en vías de desarrollo sea
actualmente inviable. En ellos, el sector
pesquero industrial perjudica a las pesquerías
a pequeña escala de la costa penetrando en sus
aguas con sus grandes barcos o esquilmando
los recursos que trashuman entre las aguas
costeras y alta mar.
El procedimiento habitual de introducción de
un régimen de ITQs se inicia con la asignación
gratuita y a perpetuidad de cuotas a los
propietarios de los barcos pesqueros que
faenan con regularidad. Esta asignación
contempla la posibilidad de la venta de dichas
cuotas por sus propietarios actuales o futuros
a cualquier precio que el mercado estipule. El
valor de un paquete de participaciones de
cuota, incluso el que corresponde al dueño de
un pequeño barco, en muchas pesquerías
puede llegar a alcanzar decenas de miles de
dólares. En algunos países esta suma puede
llegar a superar el millón de dólares. Análisis
14 SAMUDRA SEPTIEMBRE 1999
Estas cifras constituyen, por un lado, un
fuerte incentivo para que los pescadores
que faenan en unas pesquerías regidas
por las ITQs se decidan a vender, especialmente
si están a punto de jubilarse. Por otro lado,
también tienen un gran poder de convicción
para hacer que los que todavía trabajan al
margen de este sistema lo acepten y así puedan
optar a unas ganancias que en edad de jubilarse
ya no esperaban.
Diferentes factores fiscales y políticos
dificultan enormemente la desmantelación de
las ITQs. En caso de que el estado estimara que
su funcionamiento no es óptimo y decidiera
cambiar el régimen de gestión, chocaría con las
protestas de los nuevos propietarios de las
licencias transferibles, que tendrían derecho a
reclamar una plena compensación. La carga
económica podría ser demasiado grande y la
situación muy embarazosa. Por tanto, los
programas de derechos transferibles son casi
irreversibles.
Con este nuevo sistema, los tripulantes de los
barcos lo tienen muy difícil para, con el tiempo,
llegar a ser patrones y operadores. Este era el
ciclo propio de muchas comunidades
pesqueras. A partir de ahora, la cesión desigual
de los derechos transferibles a particulares, que
en ese preciso momento son los propietarios
de barcos, restringirá el acceso a las pesquerías
a un grupo limitado de pescadores y de sus
herederos y, por consiguiente, suscitará la
aparición en las comunidades pesqueras de
agudas diferencias sociales. Desde un punto de
vista económico y social, la concentración
geográfica de los privilegios de acceso a la
pesca también resulta inquietante. En efecto,
las compañías tienden a adquirir las ITQs de
una misma zona para poder emplazar allí sus
barcos y dirigir sus operaciones en grandes
estaciones de control. Este comportamiento
puede llegar a arruinar la viabilidad de muchas
comunidades más pequeñas, que no cuentan
con los suficientes recursos para poder
competir en la compra de cuotas y licencias.
De no haberse visto privadas de sus recursos
habituales, estas comunidades podrían
subsistir y seguir adelante como lo han hecho
hasta ahora. Estas transformaciones
representarán una pérdida del capital social
invertido en infraestructura y del capital
privado invertido por los habitantes, que verán
cómo sus vidas, con unas perspectivas mucho
más limitadas, cambian totalmente.
Es esencial que comprendamos qué se propone
el gobierno con la instauración de un régimen
de ITQs. En efecto, la cesión gratuita de los
derechos de pesca o su comercialización a largo
plazo se traducen en la expropiación sin
ningún tipo de compensación de los recursos
básicos de la comunidad.
De esta forma, se produce una enajenación de
la comunidad de sus recursos, que, en la
práctica, puede derivar en la concentración de
éstos en manos de intereses corporativos o
empresariales foráneos que pueden decidir
explotarlos a distancia. De hecho, el valor de
esta confiscación equivale al precio que
posteriormente obtienen las participaciones de
Análisis
SAMUDRA SEPTIEMBRE 1999 15
cuota correspondientes a los recursos
transferidos.
La privatización de los derechos
Resumiendo, ¿qué repercusiones tiene
realmente la “privatización” de los derechos de
pesca en forma de ITQs y de licencias
transferibles para las comunidades que han
dependido siempre de sus recursos pesqueros?
Entre otras cosas, esta maniobra puede
conducir a la “demarcación” de áreas del mar
antes comunes por decisión de un gobierno
lejano; la confiscación del recurso pesquero
sobre el que la comunidad tenía un derecho
profundamente arraigado; la ruptura del tejido
social de la comunidad; la agudización de las
diferencias sociales y del repartimiento
desigual de la riqueza, que se derivan cuando
unos cuantos reciben grandes sumas de dinero
y la mayoría se ve privada de acceso a la carrera
de maestro pesquero; la perspectiva de
enajenación del recurso pesquero vital, que se
convertirá en la propiedad de grupos
económicamente más fuertes, ajenos a la
comunidad y, finalmente, el posible declive y
ulterior abandono de la misma comunidad.
Frecuentemente, las ITQs se presentan como un
mecanismo que posibilita la “privatización” de
las pesquerías. Se afirma que instauran la
propiedad privada de los caladeros, en lugar
de la tenencia común actual, y que, de esta
forma, comportan las ventajas intrínsecas de
este tipo de propiedad. Este razonamiento es
incorrecto. La idea de que, gracias a la
eliminación de la tenencia común propia de los
recursos pesqueros, las ITQs convertirán la
pesca en una industria análoga a las industrias
de otros sectores, carece de fundamento real.
En los océanos, los contingentes de peces se
desplazan constantemente y, por consiguiente,
no se pueden segregar, identificar y adjudicar
a diferentes propietarios. El ecosistema que los
envuelve no está demarcado y constituye el
escenario de actividades pesqueras,
recreativas, de transporte comercial, etc. Los
contingentes pesqueros y los océanos que les
dan vida se caracterizan por el uso y la tenencia
comunes de los recursos. En consecuencia,
éstos no se pueden dividir en unidades
independientes y autogestionables a las que
corresponden derechos específicos de
propiedad privada.
Para poder completar la privatización de la
pesquería y comprobar su efectividad
económica, cada empresa pesquera debería
obtener el derecho exclusivo de propiedad,
junto con el control exclusivo de un lote
determinado de peces además del medio
ambiente que lo rodea, al igual que un granjero
posee y controla unos animales determinados
además de todo el equipo necesario para
criarlos y comercializarlos. Sin embargo, esta
fórmula puede fracasar en el contexto de las
pesquerías marinas, en las que los factores
físicos condicionan el uso colectivo del recurso.
Las ITQs no proporcionan derechos de
propiedad de los caladeros, sino derechos de
acceso privilegiado a una parcela de agua
donde nadan peces. Sin embargo, la
explotación de los caladeros continúa
realizándose conjuntamente por todos los
propietarios de participaciones de cuota. La
ayuda que las ITQs suponen para la
racionalización de la capacidad de captura
constituye un argumento que los defensores de
este sistema esgrimen con mucha frecuencia.
No obstante, su distribución, como ya se ha
señalado, implica desigualdades sociales y,
además, está comprobado que el impacto que
ejercen sobre la conservación de los recursos es
muy negativo.
En las pesquerías regidas por un sistema de
ITQs, el Total Admisible de Captura (TAC) se
establece al principio de la temporada o del
periodo de pesca, ya que los participantes
necesitan saber por adelantado cuál será su
cuota (o participación del TAC). La credibilidad
del sistema reside entonces en el respeto de las
cuotas fijadas. Sin embargo, una gestión sólida
del recurso requiere una supervisión constante
del estado de los contingentes de pescado, que
contemple correcciones del TAC dentro de la
misma temporada y vedas de pesca según el
estado del recurso. La inflexibilidad de los
TACs dentro del sistema de ITQs puede
provocar o bien una sobrepesca sumamente
dañina, en el caso que estén fijados por encima
de las posibilidades reales del recurso, o bien
pérdidas en la explotación, cuando están por
debajo de los niveles plausibles.
En los sistemas de ITQs la práctica de
engañar (exceder la cuota) es bastante
habitual. Los participantes pescan y no
declaran cantidades que sobrepasan los
volúmenes fijados en sus cuotas. Hacer que las
cuotas se respeten es una tarea difícil, cara y en
muchas pesquerías casi inalcanzable. Incluso
cuando el funcionamiento del sistema es más o
menos satisfactorio no se puede obviar otro
problema, el de “supercalificación”. El deseo
de los pescadores de obtener los mayores
ingresos sin tener que sobrepasar las Análisis
16 SAMUDRA SEPTIEMBRE 1999
cantidades fijas de captura establecidas en las
cuotas, provoca que el pescado de menor valor
se tire por la borda. Muy a menudo esta
práctica se traduce en el descarte de una buena
parte de la captura que, pese a ser apta para su
comercialización, se echa a perder. En algunas
pesquerías se observa un fenómeno todavía
más grave, el “vertido por precio”, que
acontece cuando en su viaje de vuelta al puerto,
tras ser informado de que el precio del pescado
en el mercado aquel día en concreto es
demasiado bajo, un barco vierte al mar el total
de la captura.
Prácticas prohibidas
Los sistemas de ITQs acostumbran a prohibir
las tres prácticas arriba descritas. Por esta
razón, sus autores no las dan a conocer. Los
datos se falsifican, la mortalidad de la captura
se infravalora y los gestores desconocen el
impacto real de la pesca sobre los caladeros.
Como consecuencia, los contingentes se
subestiman y, al inicio de la temporada
pesquera, el riesgo de establecer cuotas
inadecuadas aumenta.
Las pesquerías de recursos variados presentan
otra dificultad añadida. Los operadores de los
barcos no pueden capturar diferentes especies
en las mismas proporciones que dictan las
cuotas correspondientes. Esto también puede
conducir al descarte para hacer coincidir las
capturas con las cuotas, o al “exceso de cuotas”
para esconder los excedentes.
Son muchos los hechos que evidencian la
incompatibilidad de los sistemas de ITQs con
una gestión sólida de los recursos y con el
principio de precaución, que se ha convertido
en uno de pilares básicos de la gestión
responsable en el ámbito internacional. Para las
comunidades de pescadores a pequeña escala
conscientes de los daños sociales que entraña
el sistema de ITQs, los argumentos que
destacan su impacto ecológico adverso pueden
ser los más efectivos y además les ofrecen la
posibilidad de aliarse con grupos ecologistas
con cierta sensibilidad social.
En las aguas costeras de los países
industrializados, las embarcaciones a pequeña
escala que los mismos dueños dirigen
presentan muchas ventajas en comparación
con las embarcaciones del sector pesquero
industrial. En general, los barcos más pequeños
faenan en los caladeros cercanos a la costa con
mejor resultado y su mantenimiento no es tan
costoso, ya que nunca se alejan demasiado de
su base local. En breves salidas y con una buena
capacidad de contención, estas embarcaciones
pueden suministrar pescado fresco de gran
calidad. El patrón, propietario de un pequeño
barco, es el primer interesado en dirigirlo de
forma eficaz y mantenerlo en buen estado.
Una racionalización de las pesquerías a
pequeña escala llamada a generar
más ganancias por barco y a hacer
posible su funcionamiento sin la necesidad de
subvenciones estatales puede satisfacer a los
gobiernos gracias a la ocupación laboral
relativamente alta que comporta, a la mejora de
la calidad de vida y al impulso económico y
social que puede conferir a las pequeñas
Análisis
SAMUDRA SEPTIEMBRE 1999 17
comunidades costeras. Mientras que la
población de estas comunidades ha
aumentado, y pese a la mayor variedad que las
pesquerías de hoy ofrecen, los avances
tecnológicos han reducido las oportunidades
laborales de este sector a pequeña escala, que
además, para mantener su buena situación
económica, debe aceptar la necesidad de
adecuar la capacidad de captura a las
posibilidades de los recursos. Esta
circunstancia seguramente comportará
reducciones ocasionales de la flota mediante la
retirada subvencionada de barcos, con la que
se espera poder contrarrestar los avances en
productividad.
Los países en vías de desarrollo
La difícil situación que atraviesan las
comunidades pesqueras de los países en vías
de desarrollo es a menudo muy desalentadora.
Allí donde la densidad de población es muy
alta, el acceso libre a las pesquerías ha actuado
a menudo como imán para numerosos
trabajadores empobrecidos o sin tierras.
En muchas ocasiones las comunidades
pesqueras se han convertido en el cobijo de “los
más pobres de los pobres”. Es muy difícil que
la combinación de una alta presión
demográfica, la incapacidad de los gobiernos
para gestionar la pesca y la impotencia de las
autoridades locales para instaurar la disciplina
conservacionista necesaria no comporte
sobrepesca.
En varios países, la necesidad desesperada de
ingresos diarios e inmediatos ha empujado a
los pescadores a sumergirse en una dinámica
de “sobrepesca maltusiana”, en la que se
emplean técnicas destructivas que incluyen la
dinamita, el veneno y las redes de malla muy
ciega.
En estas zonas la amenaza más inmediata a las
pesquerías a pequeña escala generalmente
emana de la incursión de las flotas industriales
a los caladeros de la costa. En muchos casos,
los gobiernos, ansiosos de impulsar la
industrialización y de desarrollar industrias de
exportación de especies de alto valor añadido,
como por ejemplo la del camarón, han
fomentado estas prácticas.
Además, las pesquerías industriales y la
acuicultura gozan de permisos para acceder
libremente a los caladeros de los pescadores a
pequeña escala. En estos casos, la falta de
restricciones establecidas por una gestión
pesquera mínimamente responsable conlleva
la esquilmación de los contingentes silvestres y
el brote de epidemias en la acuicultura.
Por otra parte, algunos gobiernos han prestado
atención a las necesidades de las comunidades
costeras y, para protegerlas, han prohibido a
los grandes barcos pescar en aguas cercanas a
la costa. No obstante, en la mayoría de los
casos, la ejecución de esta medida no ha dado
resultado.
Para las poblaciones pesqueras
amenazadas de los países en vías de
desarrollo la prioridad más inmediata
debe consistir en impulsar un proceso activo de Análisis
18 SAMUDRA SEPTIEMBRE 1999
afirmación y defensa de los derechos
tradicionales a los recursos adyacentes, que
culmine en el reconocimiento jurídico de
dichos derechos. De igual importancia es la
necesidad a largo plazo de alcanzar una
reforma de las pesquerías costeras que
contenga la prohibición de prácticas pesqueras
dañinas y favorezca la obtención de más
beneficios de un modo sostenible. La
experiencia nos enseña que los planteamientos
que contemplan la cogestión de los recursos
son los que tienen más esperanzas de éxito.
Para dar una solución completa a los
problemas que presentan las pesquerías
costeras en los países en vías de desarrollo,
hace falta también crear puestos de trabajo
fuera de los límites de la pesca que puedan
absorber el excedente laboral de este sector.
La política de moda
Las comunidades pesqueras a pequeña escala
de los países desarrollados se han convertido
en las víctimas de la política “privatizadora”,
que actualmente parece que esté de moda. En
la industria pesquera esta política se aplica de
forma inadecuada, ya que se basa en la creencia
equivocada de que el uso y la tenencia
colectivos inherentes a los recursos marinos
pueden suprimirse.
El mecanismo de las ITQs es el instrumento que
se utiliza para conseguir este propósito. Este
sistema presupone erróneamente que los
recursos marinos en continuo movimiento
pueden dividirse, clasificarse en paquetes y
asignarse a diferentes propietarios, como
sucede con los recursos terrestres inmóviles o
en cautividad.
En algunos lugares, la enajenación de los
recursos pesqueros de los pescadores a
pequeña escala y la desviación de las capturas
pesqueras desde pequeñas comunidades de
pescadores, dependientes de la pesca, hacia
centros industriales mayores han hecho ya
mucho daño. Al mismo tiempo, en los países
en vías de desarrollo, los pescadores a pequeña
escala se ven privados de sus recursos por
culpa de las incursiones de la pesca industrial
y de la acuicultura. La subsistencia, hoy en día
ya precaria, de un gran número de personas
que dependen de la pesca y de sus familias, está
en un grave peligro.
Detrás de la actual campaña que persigue la
“privatización” de la pesca yace una intención
de atentar contra la tenencia común tradicional
de los recursos marinos correspondiente a
poblaciones muy vulnerables, dependientes de
la pesca. Los efectos claramente adversos que
los mecanismos de privatización, como las
ITQs, ejercen no solo sobre la igualdad social,
sino también sobre la conservación de los
recursos, constituyen argumentos suficientes
para hacer posible una acción conjunta en
defensa de la tenencia común de los recursos
pesqueros del mar, encabezada por grupos
representantes de los pescadores a pequeña
escala y ecologistas, tanto de los países
desarrollados, como de los países en vías de
desarrollo. Si consideramos la extensión y la
irreversibilidad del daño que la privatización
de las pesquerías ha causado, la defensa de las
comunidades no debe retrasarse ni un minuto
más.
Análisis
Este artículo es un resumen de un
amplio documento de Parzival Copes,
que constituyó el discurso de apertura
del acto de fundación del Foro
Internacional de Pescadores y
Trabajadores de la Pesca en New Delhi,
el 18 de noviembre de 1997
SAMUDRA SEPTIEMBRE 1999 19
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