[OANNES Foro] La página once del sector pesquero

Federico Iriarte firiarte en diamante.com.pe
Lun Ago 6 07:27:47 PDT 2012


gracias aprendi algo hoy dia


cáfila 
1.      f. Conjunto de gentes, animales o cosas en movimiento, unas tras 
otras:
una cáfila de peregrinos se acercaba a la Meca.



pero creo que no se aplica en el texto, dado que no van a la "Meca"

saludos

Federico Iriarte
CIP 43266



De:     Manuel Francisco Fernández Fernández <mffernandezf en hotmail.com>
Para:   undisclosed-recipients:;
Fecha:  05/08/2012 22:32
Asunto: [OANNES Foro] La página once del sector pesquero
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La página once del sector pesquero


Por: 
Rafael Inocente
 
 

Pesca industrial en el mar de la Región la Libertad (Foto: Andina).
Lo auténtico no muere nunca ni dentro ni fuera y menos en los días de 
silencio.

 
A ritmo vertiginoso, el Gobierno nacionalista ha cambiado hasta cinco 
viceministros de Pesquería en menos de un año, en una alocada carrera por 
tapar el Sol con un dedo. Parecería que mantener la cerrada defensa del 
modelo económico neoliberal heredado de la dictadura fujimorista es la 
consigna. Considerando que por lo general cada viceministro adolece de 
notable ignorancia en temas pesqueros y asume el cargo con una corte 
acompañante de funcionarios y portacirios, esta precariedad laboral de 
doctos improvisados resulta grave para un sector que desde hace años 
culebrea a la vera del abismo.
Esta elevadísima rotación de altos funcionarios del sector pesquero solo 
es demostrativa de que algo se pudre en él, tal como se informó en lo que 
ha venido a llamarse “la página once del sector pesquero”.
Considero que tengo una responsabilidad y no rehúyo el compromiso de mis 
opiniones. Las acepto con orgullo, pues jamás han estado sujetas a 
contralor, policía ni tribunal alguno y son ajenas a todo tipo de complots 
criollos o conspiraciones. Ésta será la historia de una estafa. La 
historia de un informe de la comisión de transferencia gubernamental que 
no vio la luz del día, pese a que el propio marco legal de la Constitución 
atribuye carácter público a los informes de comisiones de transferencia 
gubernamentales.
El principio
En julio del 2011, pocos días después del triunfo electoral de Ollanta 
Humala, recibí una llamada telefónica. Se trataba de Luis Loja, asesor de 
la recién electa vicepresidenta y coordinadora de las Comisiones de 
Transferencia, Marisol Espinoza. Loja me manifestó que debería comunicarme 
de manera inmediata con la congresista Nena Escalante, pues había sido 
elegido para integrar la Comisión de Transferencia del Subsector Pesquero, 
presidida por el actual ministro de Transportes, Carlos Paredes. Al día 
siguiente de aquella llamada telefónica me integré al grupo de trabajo 
técnico de la Comisión desplegando una intensa labor de más de 15 horas 
diarias en la que fuimos desmadejando el hilo de la lamentable situación 
en que dejaba el segundo gobierno aprista al sector. Durante este tiempo 
vimos desfilar caras muy duras de funcionarios harto conocidos del 
Viceministerio de Pesquería y de sus organismos descentralizados, el 
Instituto del Mar del Perú, el Fondo de Desarrollo Pesquero (Fondepes) y 
el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP). Una cáfila de 
funcionarios salientes, algunos temblorosos, otros insufriblemente 
zalameros, marcharon entregando la documentación sustentatoria de 
rendición de cuentas; esto es, los documentos de archivo generados en el 
transcurso de actividades, adjudicados de acuerdo con los lineamientos que 
señala la Contraloría General de la República.
Fruto de esta intensa labor de casi dos meses, la Comisión de 
Transferencia entregó un Informe en el cual se consignaba el diagnóstico 
del sector y una serie de sugerencias y recomendaciones de carácter 
urgente que debería implementar el nuevo Gobierno a través de objetivos 
estratégicos delineados claramente, con la finalidad de reflotar un sector 
que se ha distinguido por su escasísima contribución al desarrollo de la 
Nación, por su carácter depredatorio de los recursos y contaminador del 
medio marino, amén de haber servido como fuente de riqueza para el 
empresariado industrial harinero en contra de los intereses del país.
La importancia de una comisión de transferencia
Pero ¿por qué es tan importante el trabajo de una comisión de 
transferencia? En la última campaña presidencial, el tema de la 
transferencia fue particularmente álgido. Tras casi 20 años de 
neoliberalismo apareado con podredumbre, las instituciones públicas se 
transferirían a un nuevo gobierno que llegó al poder portando las banderas 
del cambio y la democratización —inclusión, para dar en la yema del gusto 
al nacionalismo humalista—, pero particularmente el rollo de la lucha 
contra la mentira y la corrupción.
Los sectores populares veían con mucha esperanza el trabajo de las 
comisiones, y en el litoral peruano las asociaciones y gremios de 
pescadores hacían público su apoyo a Ollanta Humala, pues había prometido 
acabar con la corrupción en la pesca. En la pesquería, este flagelo es 
antológico. Si el pueblo vive diariamente una guerra civil contra la 
delincuencia común, resulta mil veces peor la alta corrupción empresarial 
evidenciada en “(…) la pesca negra, la explotación y abuso contra los 
pescadores y trabajadores del mar (…)”, a la cual “se agrega el 
ocultamiento de sus verdaderos resultados económicos, subvaluando los 
precios reales de ventas de harina de pescado, apropiándose de las 
diferencias para ser depositadas en bancos extranjeros, mediante cuentas 
cifradas”, según denuncia del ex ministro de Pesquería Juan Rebaza Carpio 
publicada en el diario La Primera el 23 de junio más reciente. Entonces, 
la corrupción en el sector pesquero es un mal endémico, y Humala prometió, 
en sus discursos como candidato, combatirla.
El hoy Presidente llegó al poder con el apoyo de cientos de miles de 
pescadores artesanales, que son quienes, en última instancia, resultan más 
afectados por los desmanes del empresariado industrial pesquero. Al 
momento de la asunción de las nuevas autoridades era imprescindible contar 
con toda la documentación pertinente de la gestión aprista, no solo para 
darle continuidad a la labor de las distintas entidades del Estado, 
corrigiendo donde fuese necesario, sino también para dejar constancia de 
lo que se hizo y no se hizo (o se hizo mal). Además de todo esto, la 
información derivada de la Comisión de Transferencia resultaba vital 
porque permitiría llevar a cabo una evaluación y fiscalización adecuadas 
de lo actuado por la administración aprista.
Si lo que pretendía el Gobierno de Ollanta Humala era garantizar una 
gestión pública transparente, se debió contar con todo el acervo 
documentario en las condiciones establecidas por Ley, labor de por sí 
compleja; pero, además, los resultados de la evaluación realizada por la 
Comisión de Transferencia debieron ser de conocimiento público —como lo 
fueron los Informes de la Comisión de Transferencia de los sectores 
minero, agrario, de salud, transportes, etcétera—, pues el pueblo peruano 
tiene el derecho de conocer qué es lo que ha hecho del mar y sus recursos 
la oligarquía pesquera y un puñado de tecno-burócratas que rotan en sus 
cargos desde hace por lo menos 20 años ante la complacencia de los órganos 
de control institucional de los respectivos organismos públicos.
Un Informe ocultado a la opinión pública
¿Por qué no se hizo público el Informe de la Comisión de Transferencia del 
Sector Pesquero? ¿Qué verdades se develaban en él para decidir ocultarlo? 
¿Quién fue el responsable de no revelar esta información al pueblo 
peruano? ¿Por qué se retiró del cargo al ex ministro de la Producción Kurt 
Burneo y a su equipo de asesores justo cuando iba a iniciarse la auditoría 
internacional a los datos científicos manejados por el Imarpe y pocos días 
después que denunciase las escandalosas cifras del faenón pesquero de 
empresas integrantes de la Sociedad Nacional de Pesquería? ¿Por qué se lo 
reemplazó por alguien como José Urquizo? ¿Por qué la guerra a muerte 
contra la bióloga ambientalista Patricia Majluf, que terminó con su 
renuncia? ¿Por qué el actual viceministro de Pesquería, el liberal Phumpiu 
Chang, ‘renuncia’ abruptamente del cargo de director ejecutivo del Imarpe 
al distinguido economista Carlos Palomares, cuya gestión no cedió a las 
presiones para otorgar mayor cuota de pesca de merluza y anchoveta? ¿No 
será que la coyuntura política que esgrimió el liberal para ‘renunciar’ a 
Palomares se reduce a meras cifras económicas?
Se sabe que los empresarios industriales dejaron de percibir, por la pesca 
de 26.000 toneladas de merluza “faltante”, US$19’203.080, y que las 
200.000 toneladas de anchoveta destinadas a los pescadores artesanales por 
recomendación de Imarpe en contra de la voracidad de los industriales 
hubiese significado por lo menos US$64’450.000 si se reducía a harina de 
pescado. Obviamente, Carlos Palomares estaba chocando con los intereses 
multimillonarios de la oligarquía pesquera, y sabemos que no estaba 
dispuesto a conceder a la SNP el incremento arbitrario de cuotas de pesca. 
A cifras económicas se reduce a veces el valor y la dignidad de 
profesionales honestos y con los cojones bien puestos.
Dejo la respuesta a todas las interrogantes planteadas a la conciencia del 
Presidente de la República. Dejo constancia de que no siempre es posible 
discurrir fluidamente de la corrupción más espantosa a la real 
democratización del mar y sus recursos para que sirvan al pueblo al cual 
pertenecen. No se puede hacer tortillas sin romper huevos, señor 
Presidente. Y en el sector pesquero es de necesidad urgente cocinar una 
tortilla gigante. 
¿Por qué no se hizo público el Informe de la Comisión de Transferencia del 
Sector Pesquero? ¿Por qué se retiró del cargo al ex ministro de la 
Producción Kurt Burneo justo cuando iba a iniciarse la auditoría 
internacional a los datos científicos manejados por el Imarpe y pocos días 
después que denunciase las escandalosas cifras del faenón pesquero? 

Qué decía el Informe
Veamos algunas de las principales recomendaciones de la Comisión de 
Transferencia del sector pesquero:
1. Formular y promover la dación de una nueva Ley General de Pesquería.

2. Promulgar un nuevo régimen de sanciones por infracciones a la 
normatividad sectorial y medioambiental.

3. Perfeccionar el sistema legal para que permita sanciones drásticas a 
los infractores de la ley que incurren en pesca ilegal. Tipificación y 
penalización del delito ecológico, de forma que las infracciones sean 
delitos penalmente sancionables, activando la Superintendencia de 
Vigilancia y Control de la Pesca, con autonomía técnica y administrativa.

4. Reestructurar de manera inmediata e integral del Instituto del Mar del 
Perú, para reivindicar su condición de instituto científico. Éste sería un 
paso previo para integrar al Instituto a una gran entidad 
técnico-científica de carácter absolutamente independiente del Vice 
Ministerio de Pesquería. Modificación del DL 095, Ley del Imarpe.

5. Reestructurar de manera inmediata e integral el ITP y el Fondepes, con 
el fin de que cumplan con sus metas y objetivos y de fortalecer 
científicamente la Autoridad Sanitaria.

6. Diseñar e implementar la Política Nacional de Desarrollo Pesquero y el 
Plan Nacional de Desarrollo Pesquero como instrumentos que orienten un 
accionar sectorial coordinado y eficiente.

7. Promover la eficiencia en el sector para asegurar utilidades razonables 
que generen impuesto a la renta y derechos de pesca acordes con la 
magnitud del negocio, implementando un sistema de auditorías.

8. Reestructurar la tributación del sector pesquero, con énfasis en los 
derechos de pesca.

9. Formular y promover la dación de una ley sobre el régimen laboral y 
pensionario del pescador industrial y artesanal, así como del trabajador 
acuícola.

10. Implementar un Programa de Empleo Temporal en el sector en periodos de 
ausencia de producción conservera (ligado al Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria), para las mujeres que trabajan en las industrias pesqueras 
del litoral.

11. Incorporar a los pescadores artesanales a los sistemas previsión y 
seguridad social.

12. Estructurar e implementar un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, 
“A Comer Pescao”, a base de productos hidrobiológicos, sustentado en un 
enfoque transversal y no por segmentación de estratos sociales.

13. Apoyar las actividades de extracción de jurel, caballa, pota, 
anchoveta y atún destinados al consumo humano directo, orientados a la 
alimentación popular, con el fin de reducir los índices de desnutrición 
crónica, mejorar las condiciones sanitarias de manipulación de la pesca y 
la migración a embarcaciones multipropósito.

14. Formular un plan estratégico para el mantenimiento de una cadena de 
frío tanto para el comercio interno como externo, integrando a todos los 
niveles de la industria pesquera y acuícola.

15. Promover la modernización y uso eficiente de la infraestructura y 
equipamiento relacionados con las pesquerías artesanales.

16. Crear el Instituto Nacional de Acuicultura con el fin de promover la 
investigación acuícola y promocionar el desarrollo de la acuicultura 
marítima y continental, como una de las garantías de la soberanía 
alimentaria.

17. Instituir una política de Estado para la pesca de recursos altamente 
migratorios fuera de las 200 millas, actualmente en manos de flota de 
bandera extranjera, retomando el Acuerdo Galápagos o adhiriéndonos a la 
propuesta de creación de la Organización Regional de Administración 
Pesquera del Pacífico Sur, e implementando una flota pesquera de altura.

18. Reducir el esfuerzo pesquero sobre la anchoveta mediante el 
establecimiento de una cuota anual recomendada por el Imarpe con arreglo a 
informes científicos objetivos, para garantizar la renovación de las 
poblaciones y la sostenibilidad del ecosistema.

19. Re-enfoque de los Reglamentos de Ordenamiento Pesquero hacia una 
estructura de ordenamiento basada en la explotación sostenible, 
sustentable, ecosistémica y acorde con el cambio climático.

20. Aplicar de manera estricta las disposiciones para evitar la 
contaminación, exigiendo a las plantas pesqueras la implementación de 
plantas en tierra que reciban y traten residuos oleosos y basuras 
provenientes de las embarcaciones.
Colofón
¿Ha empezado siquiera a ponerse en marcha alguna de estas recomendaciones? 
Después de casi un año de gobierno humalista, fuera de un abortado plan 
nacional de seguridad alimentaria y una reestructuración burocrática del 
sector para hacerlo más funcional al esquema neoliberal que maneja el 
Ministerio de Economía, ninguno de los objetivos estratégicos aquí 
pergeñados ha sido tomado en cuenta.
Muy por el contrario, se ha nombrado como Director Ejecutivo del Imarpe a 
un brillante fujimorista y adicto de los empresarios industriales 
pesqueros, y en Fondepes y el IT languidecen dos sujetos de pocas ideas y 
notable incapacidad.
Basta ver la ejecución presupuestal del sector pesquero de los años 2001 
al 2011 para coincidir en que hay pescado podrido en las bodegas. El nivel 
de ejecución presupuestal evidencia una profunda ineficiencia. Si asumimos 
que la ejecución del presupuesto fiscal es un indicador meridiano del 
nivel de capacidad y eficiencia en el desarrollo de los Planes Operativos 
Institucionales, queda claro, por el análisis de las cifras (véase revista 
Pesca, julio del 2012) que algo no marcha bien en el sector; o, peor 
todavía, en el sistema.
Quienes apoyamos inicialmente el proceso de transferencia desde nuestra 
experiencia y conocimiento, hoy somos poco menos que apestados. Acercarse 
a cualquiera que haya trabajado con Kurt Burneo en los pocos meses que 
duró su gestión significa darle un beso al leproso. Si la dignidad de una 
vida se mide por ser siempre uno mismo y no claudicar jamás, aun cuando 
esto signifique luchar contra la lógica de los sometidos y los cánones 
académicos, entonces, como propone el poeta César Calvo, llegó el momento 
de exigir que los yanaconas psíquicos, que son quienes persisten en seguir 
siendo esclavizados y despreciados, logren una estima personal y cultural 
que los libere de su sometimiento. Y me refiero específicamente a los 
cientos de profesionales que laboran en condiciones infrahumanas en el 
Imarpe, el Fondepes y el Instituto Tecnológico Pesquero.
El futuro de esa gran región natural desconocida para la mayoría de 
peruanos —el mar— y sus recursos depende ahora de la palabra y el coraje 
de científicos honestos iluminados por una creencia superior, por una 
esperanza. Porque la gran transformación del podrido sector pesquero fue 
otra estafa más del Gobierno de Ollanta Humala.
            
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